La senadora Mariela Gutiérrez Escalante emitió un exhorto formal a los gobiernos estatales y municipales de México para intensificar los operativos de seguridad vial ante el próximo incremento del flujo vehicular por el periodo vacacional. La solicitud se sustenta en los indicadores del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), los cuales detallan que el país alcanzó un registro de 16,654 decesos en vialidades terrestres durante el último periodo anual analizado.
De acuerdo con el informe técnico del IMT, la tendencia histórica de mortalidad en carreteras mostró un descenso constante desde el año 2010; sin embargo, a partir del año 2020 las cifras de colisiones fatales iniciaron un repunte sostenido. Este comportamiento estadístico rompió con las proyecciones previas de reducción de daños y motivó la creación de nuevos marcos regulatorios a nivel federal.
Los datos oficiales confirman que los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad constituyen el grupo demográfico con mayor vulnerabilidad en la red carretera nacional. Las bitácoras del año 2024 especifican una tasa de mortalidad de 19 defunciones por cada 100,000 habitantes dentro del rango de 18 a 20 años, y de 18.2 decesos en el sector que comprende de los 21 a los 24 años.
El análisis de causalidad vial arroja que la velocidad inadecuada se mantiene como el factor primario en la incidencia de siniestros catastróficos. Durante el ejercicio fiscal anterior, el exceso de velocidad estuvo directamente relacionado con el 8% de la totalidad de las colisiones registradas en los tramos operados por la federación.
Asimismo, la conducción bajo el influjo de sustancias psicotrópicas o etílicas representa otra variable de alta incidencia en la pérdida de vidas humanas. Las estadísticas consolidadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que el 4.3% de los operadores involucrados en siniestros viales presentaron aliento alcohólico al momento de la evaluación médica inicial.
El promedio histórico calculado entre los años 2010 y 2024 sitúa la media nacional en 15,874 muertes por año en carpetas asfálticas, lo que demuestra un problema estructural de seguridad pública. Las autoridades legislativas argumentan que estos indicadores cuantitativos obligan a un rediseño de las auditorías viales en los accesos a los principales destinos turísticos del país.
Como antecedente jurídico directo ante esta problemática de salud pública, el Congreso de la Unión aprobó en mayo de 2022 la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Dicho ordenamiento tiene como objetivo central establecer las bases para disminuir los factores de riesgo a través de infraestructura segura y esquemas de sanción homologados en las 32 entidades federativas.